La defensa de la ciudad del privilegio.

La ciudad es un producto eminentemente humano, por lo tanto es un producto constituido por y a través de relaciones de fuerza, dominación, resistencia y subversión. Esto quiere decir que la misma se organiza, no solamente en términos físicos, sino fundamentalmente social, cultural, económica y simbólicamente a partir de relaciones de exclusión e inclusión que delinean su morfología, sus usos, lo que es permitido hacer y lo que no, quiénes lo pueden hacer y de qué manera. La transgresión a esta estructura normativa urbana que configura la ciudad puede generar dos consecuencias dependiendo de tres elementos en particular: los actores que realicen las acciones, los motivos de estas y los interlocutores que interpelen dichas acciones.

A su vez, las dos consecuencias son: o una reorganización de las relaciones de fuerza, donde la configuración de la ciudad experimenta un cambio de acuerdo al éxito que puedan tener los movimientos de resistencia y subversión que se oponen a su configuración actual; o una acción de reafirmación de la estructura urbana vigente movilizada por los actores privilegiados dentro de esta que busca reparar y/o ratificar el sistema de organización urbano.

Dos hechos ocurridos en Bogotá durante las últimas dos semanas nos sirven para ilustrar la manera cómo opera la segunda opción. Estos son los hurtos que se presentaron en la denominada Zona G y el barrio Rosales, dos de las zonas “más exclusivas” de la ciudad.

Los robos ocurridos en el barrio Rosales y en un restaurante de la Zona G, donde en el primer caso le robaron a una mujer su camioneta propinándole varios disparos y dejándola en graves condiciones de salud, con el agravante de encontrarse embarazada, y en el segundo le robaron a un señor su reloj de lujo, generaron un revuelo mediático que disparó las alarmas sobre los “graves” problemas de inseguridad que está viviendo la ciudad -vaya paradoja en una administración que le ha apostado gran parte de su energía, por lo menos verbal, a combatir dicho tema, así haya creado una Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia-.

En los grandes medios de comunicación, escritos y audiovisuales, estos dos hechos fueron noticia de primera plana, disparando la percepción de inseguridad con la que viven los habitantes de la capital del país, superior al 50% según datos de la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá 2017. El papel que jugaron los medios de comunicación y las autoridades distritales con la exposición, exagerada y amarillista de estos hechos, y su solidaridad con los residentes y habituales visitantes de este sector, así como con los comerciantes, no fue tanto la condena a los actos en sí mismos; es decir, los robos e intento de asesinato a la mujer, repudiable, por cierto, sino su alineamiento ideológico con la defensa de la estructura urbana que organiza una ciudad como Bogotá, caracterizada por sus disparidades y desigualdades sociales. Sólo basta caminar cinco o seis cuadras desde la Zona G hacia el sur-oriente para corroborar esto.

Según cifras del Informe de Calidad de Vida. Bogotá cómo vamos, para el año 2016 se tuvo un registro de 27.204 robos denunciados, de los cuales 2.464 ocurrieron en Chapinero, localidad donde quedan ubicados el barrio Rosales y la Zona G. Lo cual quiere decir que diariamente, en promedio, se cometieron durante este año 75 hurtos en toda Bogotá y 7 en Chapinero. Con un agravante y es que estas cifras vienen presentando un aumento desde el año 2005.

Pero, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades distritales no realizan un despliegue como el visto en los anteriores casos respecto a los otros seis -teniendo como base las cifras de 2016-?; ¿es que acaso en esos otros seis casos no se está afectando de igual manera, como lo argumentan los defensores de este modelo urbano, contra un bien esencial como es la propiedad privada o la vida? Pues bien, la respuesta es que seguramente esos otros seis casos no estén inquietando directamente los privilegios de los cuales gozan ciertos grupos sociales en la ciudad. Me explico.

La movilización ciudadana de algunos residentes y comerciantes de la zona, rechazando los robos, así como la respuesta institucional con el anuncio de 500 policías más para la ciudad y la inmediata puesta en marcha de un plan de seguridad, incluida la búsqueda y captura de los señalados de los hechos, aunados al parlante desplegado por los medios de comunicación, tenían como intención reparar los diques sociales o fronteras simbólicas que fueron transgredidos. Su intención, en último término, era reafirmar una estructura urbana donde en lugares como el barrio Rosales y la Zona G no es permitido realizar ciertas cosas a ciertos sujetos. Para eso la misma ciudad crea otros lugares y otros sujetos; lugares y sujetos, podríamos decir, destinados a ser depositarios de “la cara fea” que la misma ciudad produce.

Es en esta medida que la movilización de rechazo no se orientó al hecho del robo, sino a un recordatorio y reforzamiento de las fronteras sociales que configuran la ciudad y le otorgan las dinámicas de apropiación y uso. El mensaje era claro: acá ustedes no pueden venir a hacer lo que pretenden hacer; para eso nosotros contamos con el apoyo de la institucionalidad y los medios de comunicación; así mismo, la ciudad les ofrece otros lugares. Si estuviera equivocado y fuera otro el caso, entonces tendríamos, aproximadamente, 75 movilizaciones diarias, un apoyo constante de los grandes medios de comunicación y una respuesta equilibrada y equitativa de la institucionalidad hacia toda la ciudadanía.

En una sociedad estructurada sobre privilegios y desigualdades, como la nuestra, es lamentable que hechos que deberían ser condenados por igual, como es la intimidación y vulneración de la dignidad humana, sean valorados a partir de criterios como el lugar de residencia, el tipo de objetos poseídos y los lugares de ocio que se frecuentan.